La mayoría de bajas por ansiedad o depresión las firma atención primaria, no un psiquiatra.
El aumento de bajas laborales por salud mental no se explica solo por sobrediagnóstico o mayor visibilidad del sufrimiento. Hay un factor estructural que rara vez se menciona: la escasez de psiquiatras y la presión que soporta la atención primaria
En los últimos años las bajas laborales por motivos de salud mental han experimentado un crecimiento muy significativo en nuestro país. Ansiedad, depresión, estrés laboral, agotamiento emocional o trastornos adaptativos figuran ya entre las causas más frecuentes de incapacidad temporal, y el debate que ha surgido en torno a este fenómeno suele moverse entre dos polos: quienes ven en ello la prueba de una sociedad por fin capaz de nombrar su sufrimiento, y quienes temen estar asistiendo a una medicalización creciente de la experiencia humana. Ambas lecturas contienen algo de verdad. Pero ninguna explica del todo por qué el sistema está respondiendo como está respondiendo.
Un diagnóstico que nadie tiene tiempo de hacer bien
Cuando se firma un parte de baja por ansiedad o depresión, casi nunca lo firma un psiquiatra. Lo firma el médico de atención primaria, en una consulta de cinco o diez minutos, sin haber podido derivar todavía al especialista que confirmaría, matizaría o descartaría ese diagnóstico.
España cuenta con apenas doce psiquiatras por cada cien mil habitantes, muy por debajo de la media europea, y la brecha territorial es tan amplia que un paciente en Melilla tiene una tercera parte de la cobertura de la que dispone uno en el País Vasco. La consecuencia práctica es que el especialista que debería sostener —o cuestionar— el diagnóstico llega, si llega, meses después de que la baja ya lleve tiempo en curso.
Esto convierte al médico de familia en el verdadero responsable, casi en solitario, de una valoración que la propia psiquiatría reconoce como delicada: distinguir entre el malestar adaptativo, propio de la condición humana, y el trastorno mental clínicamente significativo. Es una distinción que exige tiempo, seguimiento y, en muchos casos, una segunda opinión especializada. Ninguna de esas tres cosas está disponible en la sanidad pública española tal y como funciona hoy.
El miedo que no aparece en las estadísticas
Hay un factor que rara vez se menciona cuando se habla de sobrediagnóstico o de abuso del concepto de enfermedad mental, y es que negar una baja también tiene un coste, y ese coste lo paga el médico. La atención primaria concentra hoy casi la mitad de las agresiones a sanitarios que se registran en España, una cifra que en 2024 alcanzó un máximo histórico.
Cuestionar el relato de un paciente que dice no poder sostener su puesto de trabajo, en una consulta sin tiempo para explorar el cuadro con calma y sin la garantía de una derivación rápida que respalde clínicamente esa negativa, es abrir una puerta a un conflicto que el propio sistema no ofrece herramientas para gestionar. No sorprende, entonces, que la vía de menor resistencia —conceder la baja, prescribir el ansiolítico, aplazar el problema— se convierta con frecuencia en la respuesta por defecto.
Esto no es, conviene subrayarlo, una cuestión de voluntad ni de rigor profesional. Es lo que ocurre, casi inevitablemente, cuando se pide a un colectivo saturado que sostenga en soledad una responsabilidad clínica que en cualquier sistema sanitario razonable estaría compartida con el especialista.
Lo que no se puede objetivar, no se puede discutir
Hay una diferencia de fondo entre firmar una baja por una fractura y firmar una baja por ansiedad o depresión, y es que la primera se puede objetivar con una radiografía y la segunda depende, en última instancia, del relato del paciente. Esta asimetría no es un matiz técnico: es la raíz de buena parte del problema.
Frente a un síntoma físico, el médico dispone de pruebas que confirman o descartan. Frente a un síntoma psíquico, dispone de una entrevista de pocos minutos, la palabra del paciente y su propio juicio clínico, sin ningún elemento objetivable que respalde —o contradiga— esa palabra. En ese contexto, negar la baja exige al médico sostener, en soledad, un desacuerdo con el paciente que no puede demostrar con ninguna prueba, mientras que concederla no exige justificar nada ante nadie.
A esto se suma un temor muy concreto que rara vez se verbaliza abiertamente: el miedo a la evolución tórpida. Ningún médico de atención primaria quiere ser quien negó una baja a un paciente que, semanas después, protagoniza un intento autolítico o algo peor, lo consumo. Ese temor —legítimo, humano, y en algunos casos con fundamento clínico real— empuja hacia una medicina defensiva que tiende sistemáticamente a conceder antes que a cuestionar. El resultado es una asimetría de incentivos: el coste de denegar una baja que resultaba necesaria es enorme y visible; el coste de conceder una que no lo era, difuso e invisible.
El propio tratamiento añade una capa más de complejidad, no siempre reconocida. Muchos de los psicofármacos empleados para tratar la ansiedad o el insomnio —benzodiacepinas, sedantes, algunos antidepresivos en su fase inicial, antipsicóticos, eutimizantes— son incompatibles con tareas que exigen atención sostenida, como conducir o manejar maquinaria. Esto significa que, en no pocos casos, no es solo el cuadro clínico el que justifica la baja, sino el propio tratamiento prescrito para abordarlo, lo que introduce un componente casi circular: se trata el malestar con un fármaco que, por sus efectos, hace necesaria la baja que quizá el cuadro por sí solo no habría justificado con la misma claridad.
Entre la negación y la medicalización, un problema de recursos
La psiquiatría moderna distingue con claridad el malestar adaptativo del trastorno mental propiamente dicho, y esa distinción sigue siendo necesaria: no todo sufrimiento es patológico ni toda adversidad requiere una baja laboral. Pero cuando a esa distinción, ya de por sí delicada, se le añaden tres factores —la imposibilidad de objetivar el síntoma, la sobrecarga de una atención primaria sin tiempo ni respaldo especializado, y el miedo fundado a una evolución grave que empuja hacia la medicina defensiva— el resultado previsible no es la excepción ocasional, sino un abuso estructural de la baja psiquiátrica. No porque los médicos actúen de mala fe ni porque los pacientes mientan sistemáticamente, sino porque el propio diseño del sistema hace que conceder sea casi siempre más racional, individualmente, que cuestionar.
Reconocer esto no equivale a negar que existe sufrimiento psíquico real, ni a cuestionar el aumento genuino de patología ligada a las condiciones actuales del trabajo. Equivale, más bien, a admitir que un sistema sin pruebas objetivas, sin tiempo para la duda razonable y con un miedo justificado a equivocarse por exceso de prudencia, no puede sino sobregenerar bajas. El reto no es solo dotar de más recursos a la atención primaria y a la psiquiatría, aunque sea condición necesaria. Es también, y quizá sobre todo, aceptar que mientras el diagnóstico psiquiátrico dependa casi en exclusiva del relato del paciente y de la disposición del médico a asumir un riesgo que no puede medir, la frontera entre la enfermedad que justifica una baja y la vida que simplemente duele seguirá siendo, con demasiada frecuencia, la que resulte más cómoda de trazar y no necesariamente la más precisa.
Un debate que se libra en el lugar equivocado
El debate público, sin embargo, rara vez se plantea en estos términos. La reciente polémica en torno a las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que calificó el absentismo laboral como un «cáncer que no podemos pagar» y cuestionó que un trabajador de baja perciba el mismo salario que en activo, ha vuelto a situar la conversación en el terreno del coste económico y el presunto fraude. Es un debate legítimo desde la perspectiva presupuestaria, pero que corre el riesgo de pasar por alto lo esencial: la baja laboral no la firma quien la disfruta, sino un médico, y en el caso de la salud mental, un médico que con frecuencia carece del tiempo, del respaldo especializado y de las condiciones necesarias para hacer esa valoración con la solidez que merece. Discutir sobre penalizar económicamente las bajas sin abordar por qué el sistema empuja al facultativo de atención primaria hacia la vía de menor resistencia es, en el mejor de los casos, atacar el síntoma y dejar intacta la causa.