Según recoge el artículo la Vanguardia del día 25 de este mismo mes de Julio del año en curso la periodista Celeste López recoge las declaraciones de la psiquiatra Belén González, comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, merecen una reflexión especial y, aunque bien lo siento, crítica por desacertadas.
La psiquiatra/política se expresa en lo siguientes términos en el interesante articulo articulo: “Pocos son conscientes del grado de sufrimiento extremo en el que se encuentra una persona con un trastorno mental, ya sea crónico (como una esquizofrenia, por ejemplo) o puntual, cuando sufre una crisis. Y no es humano que en esos momentos se le reduzca, usando contenciones mecánicas, se le ingrese en un hospital psiquiátrico a la fuerza, en contra de su voluntad, un espacio normalmente frío, con gente desconocida, sin apoyo emocional… El sufrimiento es indescriptible”.
Según la comisionada: “los enfermos ven vulnerados sus derechos más elementales por el hecho de tener un problema mental. “Eso no ocurre en ningún otro ámbito. Hasta con las personas que cometen un delito se siguen procedimientos exhaustivos para garantizar que no se vulneran sus derechos. Y si debe ir a prisión, el juez lo ha de justificar de manera minuciosa. Porque privar de libertad es una decisión muy grave”. En ningún ámbito, insiste González, salvo en el caso de las personas con algún trastorno mental, con una crisis suicida…
Ante esta evidencia, sigue añadiendo el articulo de la Vanguardia que el Gobierno ha decidido prohibir los internamientos involuntarios, “excepto en urgencias vitales que pongan en peligro la vida del paciente o de terceros”. El ingreso forzoso debe ser la última opción. Antes, habría que buscar otras alternativas, como atención domiciliaria, casas para atender esos episodios de crisis, pisos tutelados, con un entorno más cuidado… Y solo en último caso el internamiento involuntario, que debe estar ampliamente razonado y justificado.
Lo que no parece saber la comisionada es que todo lo que nos cuenta esta ya implementado y regulado en nuestro ordenamiento jurídico actual. Que los médicos psiquiatras no ingresamos sin mas ni mas a nadie. Que existe una control judicial exhaustivo siendo el Juez quien autoriza el internamiento o ingreso. Que solo se ingresan de esta forma las situaciones de urgencia graves y que si no es así, es necesario contar previamente con la autorización judicial. En fin, me da la impresión Comisionada, que ha oído campanas y no sabe donde ni cuando.
Según se dice en el meritado artículo: “Esta reforma legal deja expresamente prohibidos los internamientos involuntarios por razón de discapacidad, excepto en urgencias vitales que pongan en peligro la vida del paciente o de terceros. En situaciones de urgencia vital, se seguirá lo establecido en la ley de Enjuiciamiento Civil (internamiento forzoso), pero dejando constancia escrita del motivo, las alternativas exploradas y la información proporcionada al paciente”. Es decir se nos da como una novedad lo que se viene haciendo muchos años en todos los centros sanitarios sumamente escrupulosos con la norma legal. No es nuevo, es mas de lo mismo, para internar involuntariamente hay que seguir unos paso muy estrictos y perfectamente normativizados a fecha de hoy.
El problema existente es que “las supuestas” las alternativas que se nos dan y ofrecen por la comisionada en salud mental al internamiento psiquiátrico , en el caso de que las haya a los pacientes y familiares son mas que cuestionables su existencia y eficacia en situaciones urgentes. ¿El sistema de salud cuenta con recursos suficientes para afrontar este nuevo modelo?
La comisionada asegura que sí, que hay alternativas como hospitalización domiciliaria, “casas de crisis”, pisos tutelados, medidas de seguridad ordenadas por los Tribunales… Según se nos dice: “Hay casi 18 millones de euros para prevenir el suicidio, con medidas de intervención de crisis, y 39 millones para salud mental”, que incluye las reformas, por ejemplo, de las urgencias. Por lo tanto haberlas ahílas, como las brujas, pero los psiquiatras no las vemos y me temo que los familiares tampoco, auténticos paganos de la situación.»
La psiquiatra y política en dicho articulo añade: “También quedan expresamente prohibidas las intervenciones involuntarias aplicadas sin una evaluación individualizada y el mantenimiento injustificado de medidas involuntarias (nunca podrán tener un fin de castigo)”.
En el articulo donde la Comisionada lanza su discurso no tiene desperdicio y sigue diciendo lo siguiente: [VER ÁRTICULO]
“Los trastornos mentales son complejos. Saber por qué unos lo padecen y otros: no, no es fácil, aunque los expertos saben que, al margen de unas pocas papeletas que te adjudican esos trastornos en el nacimiento, muchos de ellos tienen su origen en situaciones muy duras, estresantes y traumáticas, sobre todo, en la infancia y en la adolescencia. Entre esas vivencias desgarradoras están las agresiones sexuales, que marcan a las personas, las llenan de miedos, angustia, desconfianza… “Pues póngase en la piel de una mujer que fue violada por un familiar y que sufre una crisis, con todo el sufrimiento que ello conlleva. Y es ingresada sin que nadie le diga nada, reducida por hombres y puesta en la cama, desnudada para ponerle un camisón y con una contención para que no se dañe. “¿Qué le pasará por la cabeza?” , pregunta la psiquiatra González.
Esos comentarios son inadecuados, impropios de una profesional de al psiquiatría y en mi opinión, alejados por completo de lo que ocurre en un centro sanitario. Donde el profesional es mayoritariamente femenino, muchos de ellos especializado sen enfermería psiquiátrica, con amplia experiencia en el manejo de casos sensibles, y guardando en todo momento no solo el código deontológico sino también las leyes y norma de derecho positivo.
Nos dice la periodista Celeste López, Redactora jefa de La Vanguardia en la delegación de Madrid y especializada en temas sociales, que el proyecto con el que se nos amenaza plantea la revisión del artículo 763 de la ley de Enjuiciamiento Civil, que actualmente permite internamientos involuntarios. La reforma aprobada establece un plazo máximo de un año para modificarlo y adaptarlo a los estándares internacionales, cuando servidor considera que esta perfectamente adaptado y que no hace falta mas que una dotación económica mas importante para proceder a los ingresos involuntarios como ocurre con otras especialidades, por ejemplo UVI Móvil psiquiátrica.
Estas declaraciones no dicen nada nuevo, o mejor dicho si, que la responsable estatal en Salud Mental no sabe la lección; que da por nuevo algo que viene siendo practica habitual, que el ingreso involuntario es muchas veces una forma de salvar la vida del paciente y de terceras personas; que España es un país muy garantista en derechos humanos, que la principal forma de luchar contra los estigmas y prejuicios de la enfermedad mental es en ocasiones proceder al internamiento y a la contención física y química, cuando hay motivos para ello, y eso lo deciden los médicos psiquiatras los únicos competentes para realizarlo.
Por ultimo, el ingreso involuntario, señora Comisionada como usted parece apuntar, no tiene nada que ver con la detención policial, si hacemos ese símil demostramos nuestra ignorancia en la materia y entonces les recomiendo, como dice A. Lincoln: «Es mejor mantenerse en silencio y parecer tonto, que hablar y eliminar toda duda».